Protegiendo al más débil: nueva normativa sobre reunificacion

El contexto de crisis en el que España se viene sumergiendo desde ya hace un  tiempo, se hace evidente en numerosos aspectos de la vida cotidiana. Uno de ellos, y tal vez el que más incide sobre la tranquilidad de los ciudadanos, es el tema de hacer frente a vencimientos de deudas adquiridas para pagar gastos del hogar. Una familia puesta en este contexto se ve en una situación que puede tornarse verdaderamente desesperante.

Una familia que cae esta situación de falta de liquidez, y a la vez carece de buena información, puede ser tentada a adquirir productos financieros de reunificacion que lo perjudican y hasta lo comprometen con contratos de usura. Numerosas empresas financieras, que en realidad son simples intermediarios entre un banco y el consumidor, ofrecen a diario sus servicios en diversos medios de comunicación masiva haciéndolos aparecer como milagrosos. A su vez, quien no posea la información suficiente no estará en condiciones de comparar la oferta de estas empresas con la de los bancos y darse cuenta de posibles inconveniencias de realizar esa reunificacion.

Este hecho, que tiene inquietas a las autoridades y,  junto con directivas del parlamento europeo, motivó por parte del Consejo de Ministros, la redacción de un proyecto de ley que intenta regular la concesión de créditos, préstamos hipotecarios y reunificacion de deudas. El proyecto se focaliza en regular los casos en que, quien conceda la financiación, no sea una entidad financiera. Estas empresas, llamadas de intermediación financiera, tuvieron un auge creciente en los últimos tiempos. No obstante, estas empresas no están bajo el control del Banco de España, por no tratarse de entidades financieras propiamente dichas.

Según dijo el ministro de Sanidad y Consumo a El País, el proyecto de ley intenta fijar estándares de transparencia e información de las empresas, logrando así una mayor protección de los consumidores. La obligación de incluir las compañías en un registro público estatal, es una de las que se incluyen en este proyecto. Este registro se creará especialmente para incluir a las entidades no financieras y se confeccionará a partir de registros autonómicos de similares características. La normativa que se intenta fijar, también será responsable de regular la transparencia de los contratos, así como de la publicidad que se haga llegar sobre los servicios. El tipo de interés anual y el precio total, incluyendo comisiones y otros gastos, también deberán ser comunicados de manera franca y sin sorpresas. 

Con la entrada en vigencia de esta nueva normativa, las entidades no financieras, estarán obligadas a enviar al consumidor el contenido mínimo de los contratos, al menos 15 días antes de su firma. Esta legislación, también pretende obligar a que la empresa informe al usuario sobre la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad o un aval bancario.

El proyecto enviado al parlamento, también incluye exigencias en cuanto al derecho del consumidor a desistir del contrato. Dentro de los primero 14 días, la empresa de intermediación debe permitir al cliente renunciar al contrato de reunificacion, si así lo quisiera. Con esto se busca proteger al consumidor y asegurarse de que tenga en todo momento un conocimiento cabal de los términos en que se realiza cada operación.

Proteger al débil y corregir desigualdades es en definitiva el fin último de este proyecto que estará en debate en el parlamento. Un debate que parece necesario y que pudo haberse dado antes que muchos españoles se vieran metidos, sin saberlo, en contratos que no podrán cumplir.

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