El boom reunificar deudas y sus consecuencias

La delicada decisión de reunificar deudas debe ser tomada con mucha cautela. No solo debe ser visto como una salida a una situación de crisis financiera doméstica. Sino que también, y sobre todo deberá tenerse en consideración lo que se pone en juego al a hora de optar por reunificar deudas.

Arriesgar el lugar donde sus hijos crecerán no es una decisión que deba ser tomada a la ligera. Muchas familias de países desarrollados ven en sus inmuebles una interminable fuente de garantías para sus herramientas de financieras. Tal es así que para el segundo trimestre de este año, el nivel de endeudamiento de las familias de España, con garantía hipotecaria, ascendió a  657.189 millones de euros. El nivel alcanzado constituyó un récord para el país si bien se observaba un ritmo que daba señales de estar desacelerando dado que el incremento para el mes de mayo fue menor que para marzo y febrero del mismo año. Rompe la vista el hecho de que esta cifra excede al doble del endeudamiento registrado en el año 2003, cuando se alcanzó un nivel de 300.000 millones de euros.

Este alarmante crecimiento de los niveles de deuda hipotecaria, puede tener su explicación, al menos en parte, en la creciente tendencia de las familias a reunificar deudas, ofreciendo como garantía el inmueble que habitan. Esto provoca que las familias deban destinar cada vez mas, gran parte de sus ingresos pagar costos de financiamiento, lo cual reduce significativamente el ingreso disponible de los hogares.

Más preocupante se torna la situación si tomamos en consideración que la deuda de las familias no solo proviene de reunificar deudas. Por el contrario los créditos al consumo juegan un papel importante en el total de pasivos de los hogares. Más precisamente, en marzo del año 2008 el total de deuda por concepto de créditos al consumo alcanzó el total de 228.342 millones de euros. Esta cifra preocupa aún más si la comparamos con el mismo mes del año pasado. En el año 2007 el nivel de endeudamiento por concepto de créditos al consumo fue de un 10,6% menos que este año.

Frente a este hecho vale la pena preguntarse cual es el papel del gobierno, quien mediante una legislación específica, tiene la potestad  de hacer que los números se encaminen por otras sendas. La legislación puede establecer, como lo hace en muchos países, instancias previas a la ejecución de la vivienda presentada en garantía. Estas instancias apuntan a tratar de dilatar lo más posible que una familia quede en la calle, dándole tiempo para recuperarse financieramente y facilidades para poder afrontar el pago. Si tenemos en cuenta que la institución financiera deberá incurrir en gastos por convertir al inmueble en efectivo, establecer un sistema de quitas de la deuda para asegurar el pago de la misma puede ser una opción que termine favoreciendo a ambas partes. Por un lado a la familia que podrá conservar su casa y por otro lado a la institución financiera que recibirá un pago que, aunque de menor cuantía, le evitará tener que embarcarse en las diligencias de ejecutar la garantía. Basta con imaginar cuales serían las consecuencias sociales de que las familias se vean en la obligación de abandonar sus hogares sin tener a donde acudir. Seguramente quien en última instancia deba responder a una situación de este tipo es el Estado, por lo que una intervención de su parte para tratar de modificar esta realidad no solo es deseable, sino necesaria.

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